Por Eduardo Anguita
En coro, los comunicadores del viejo país agroexportador se indignan con la Unidad de Información Financiera (UIF). Dicen que su titular, José Sbatella, fue lento para llevar a los tribunales una denuncia sobre manejo irregular de fondos por parte de Sergio Schoklender. En coro, los comunicadores del viejo país agroexportador silencian que la Sala II de la Cámara de Casación Penal encontró una pirueta para que siga sin establecerse la identidad biológica de Felipe y Marcela Noble Herrera. Dos casos argentinos. El primero fue el ariete para montar una brutal campaña de desprestigio de las causas por derechos humanos. El segundo es un intento más por impedir que se sepa si alguna de esas dos personas –o las dos– son hijos de desaparecidos. En el primer caso, la UIF tenía una denuncia sobre la compra de una casa en José C. Paz por parte de Schoklender. Eso era todo lo que había y era de un año atrás. Y la operación de compra no se había consumado porque el ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo no pagó el total de los 95.000 dólares pactados (ver "Sergio Schoklender bajo la lupa"). Recién ahora, cuando a principios de mayo Schoklender renunció a la fundación, empezaron a tomar estado público una cantidad de irregularidades. En la misma semana en que se supo, la UIF puso todas las actuaciones en manos del fiscal antilavado Raúl Pleé quien, en 24 horas, radicó una denuncia penal. Se sorteó el expediente, fue a parar a manos de Norberto Oyarbide y el juez le dio vista al fiscal Jorge Di Lello, quien pidió una serie de medidas, entre ellas la prohibición a Schoklender de salir del país.
NOTA COMPLETA: http://sur.elargentino.com/notas/los-adn-de-la-patria
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